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Legislación sobre los Espacios Naturales Protegidos

diciembre 13, 2011

La necesidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el desarrollo económico, han originado que en Andalucía se proteja un número importante de espacios naturales en los que se encuentran los ecosistemas más representativos del territorio andaluz. La Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) integra una serie de espacios naturales que reciben su propia legislación para garantizar la buena conservación de éste. En esta legislación existe una serie de leyes que rigen el funcionamiento y el uso de estos espacios naturales y pueden formar parte tanto de la RENPA como ser parque natural o Lugar de Importancia Comunitaria. En la normativa ambiental existen 4 leyes que legislan estos espacios naturales de la RENPA: * Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres * Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes * LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. * LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 1. Ley 8/2003 de 28 de Octubre , de la flora y la fauna silvestre. La protección de los recursos naturales y de la biodiversidad se configura como un trascendental valor jurídico, tutelado por la normativa internacional, abarcando tanto a las especies de la flora y la fauna silvestres como a sus hábitats naturales y zonas de migración. La protección y conservación de los recursos naturales de Andalucía debe entenderse como un auténtico compromiso colectivo, capaz de movilizar, en un esfuerzo conjunto, a los sectores públicos y privados, a través, de un marco legal que defina un conjunto de instrumentos jurídicos como medios de acción pública, capaces de fomentar una cultura de la conservación y el uso compatible de los recursos naturales. En este ámbito ya forman parte del ordenamiento jurídico autonómico la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. La primera de ellas ha definido el inventario de espacios protegidos que la Administración de la Junta de Andalucía garantiza como reservas de nuestro patrimonio ecológico y la segunda, tiene por objetivo la protección de la cubierta vegetal del suelo, fundamentalmente en el ámbito de los montes. La Ley estatal de Caza de 1970 y de la Ley de Pesca Fluvial de 1942, ambas anteriores a la Constitución, mediante una normativa reguladora de diversos aspectos parciales referidos al ejercicio de la caza y la pesca. Ello ha dado como resultado un campo jurídico disperso e insuficiente, lógicamente necesitado de una regulación legal de carácter global y sistemática. La caza y la pesca continental constituyen en Andalucía un significativo campo de actividad de deportiva, cultural, ecológica y económica, movilizando a un amplio colectivo que cuenta con organizaciones deportivas asentadas territorialmente. Tanto la caza como la pesca continental son, por otra parte, ejemplos clásicos de actividades deportivas que se desarrollan en el medio natural, en este sentido, la figura del cazador y del pescador representa, como grandes conocedores del medio natural, un elemento significativo en la adecuada gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales contribuyendo a su conservación y protección. Especialmente en el ámbito de la caza y la pesca continental, permita crear un marco jurídico innovador capaz de armonizar el criterio general de conservación de la naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad, con la existencia controlada de usos y aprovechamientos compatibles que deben contribuir a asegurar un desarrollo sostenible en numerosas zonas rurales de Andalucía. Naturalmente el desarrollo sostenible de la actividad cinegética implica un uso correcto y ponderado de los recursos naturales mediante mecanismos de gestión que deben ser aplicados eficientemente a los cotos de caza según sus superficies, características naturales y carga cinegética. De ahí la necesidad de introducir instrumentos de evaluación de la calidad cinegética con el objetivo de asegurar que el manejo de las poblaciones y de los recursos naturales se adecue efectivamente a las exigencias de sostenibilidad y a la defensa de los bienes jurídicos que deben ser conservados y protegidos mediante la presente Ley. Por todo ello, la presente Ley diseña un modelo equilibrado y armónico de ordenación de los aprovechamientos compatibles, incorporando como una original novedad la posibilidad de constituir, tanto por parte de particulares como de instituciones, sociedades o colectivos, reservas ecológicas de áreas naturales cuyo principal fin sea la conservación de las especies y los hábitat silvestres. Los Títulos Preliminar y I se encargan de definir los objetivos generales de la Ley y el marco de actuación de los poderes públicos. El Título II contempla los distintos supuestos de aprovechamientos compatibles de las especies de la flora y la fauna silvestres. El Título III, que regula los aspectos dedicados a la administración, vigilancia y gestión, trata de elevar el nivel de exigencias de habilitación y conocimiento por parte de quienes deben asumir más activamente las tareas de gestión de planes técnicos y la vigilancia del cumplimiento de los mandatos contenidos en la propia Ley. Finalmente, el Título IV, dedicado a las infracciones y sanciones, regula de forma plenamente respetuosa con las exigencias constitucionales y la normativa estatal básica. 2.LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, De Montes La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible. Esta Ley establece un nuevo marco legislativo regulador de los montes, para la reorientación de la conservación, mejora y aprovechamiento de los espacios forestales en todo el territorio español en consonancia con la realidad social y económica actual, así como con la nueva configuración del Estado autonómico creado por nuestra Constitución. La Ley de Montes de 1957 ha cumplido casi medio siglo, y lo ha hecho con la eficacia que su propia longevidad demuestra. Sin embargo, el mandato contenido en la Constitución española de 1978 de dotarnos de un marco legislativo básico en materia forestal no puede ser realizado adecuadamente por la Ley de 1957. El marco político e institucional, el contexto económico y social y el nuevo paradigma ambiental marcado especialmente por las tendencias internacionales, en un mundo intensamente globalizado, tienen muy poco que ver con los imperantes en los años 50 del pasado siglo. Es el objeto de esta Ley constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La Ley se inspira en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y fundamental de la gestión forestal sostenible. En la misma línea, la Ley establece como principio general que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material, sin perjuicio de las competencias administrativas de las comunidades autónomas en todos los casos y de lo que éstas dispongan en particular para los montes catalogados de utilidad pública. Son los propietarios de los montes los que primero y más directamente se responsabilizan de su gestión sostenible. Para garantizar tal gestión, la Ley pretende el impulso decidido de la ordenación de montes, a través de instrumentos para la gestión como los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes, siendo éste uno de los elementos clave de la nueva legislación. La Ley concede especial relevancia a un aspecto fundamental para la definición de la política forestal, como es el de la información. Se trata de establecer los mecanismos para disponer de una información forestal actualizada y de calidad para todo el territorio español sobre la base de criterios y metodologías comunes. Esta información se coordinará y plasmará en la Estadística forestal española, entre cuyos objetivos resalta el de facilitar el acceso del ciudadano a la información vinculada al mundo forestal. La Ley constata la necesidad de la planificación forestal a escala general, consagrando la existencia de la Estrategia forestal española y el Plan forestal español. En este ámbito, la novedad más importante de la Ley la constituyen los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF). Se configuran como instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal integrados en el marco de la ordenación del territorio, con lo que la planificación y gestión forestales se conectan con el decisivo ámbito de la ordenación territorial. La Ley propone la designación de las llamadas zonas de alto riesgo de incendio, que deberán estar provistas de su correspondiente plan de defensa. Asimismo, establece la obligación de restauración de los terrenos incendiados, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón del incendio. Otro aspecto relevante de esta Ley es la previsión de medidas de fomento de la gestión sostenible de los montes, mediante subvenciones y otros incentivos por las externalidades ambientales, además de considerar incluidos entre los fines de interés general los orientados a la gestión forestal sostenible. Finalmente, se regula un régimen de infracciones y sanciones en las materias objeto de esta Ley, estableciendo los criterios para la calificación de las infracciones según su gravedad y fijando las sanciones correspondientes. Titulo 1: Disposiciones Generales, esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial. Titulo 2: Clasificación y regimen juridico de los Montes. Titulo 3: Gestión Forestal Sostenible Titulo 4: Conservación y Protección de Montes. 3.LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. La Ley persigue la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En particular, se concede una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, de los cuales depende en gran medida el futuro del medio rural. Las acciones y medidas previstas en la Ley son multisectoriales y medioambientales. Por último, la aplicación de esta Ley requiere un elevado grado de gobernanza. Para ello se establecen instrumentos de programación y colaboración entre Administraciones, principalmente un Programa de Desarrollo Rural Sostenible plurianual, y se promueve e incentiva la participación del sector privado en el proceso de desarrollo rural sostenible. El título preliminar recoge el objeto de la Ley, sus objetivos generales y específicos. El objeto básico de la Ley es regular y establecer medidas para favorecer el logro de un desarrollo sostenible del medio rural, mediante la acción de la Administración General del Estado y la concertada con las demás Administraciones Públicas específicas y diversas definiciones. Los objetivos específicos orientan el contenido de la Ley, definiendo las medidas generales posibles para perseguir un desarrollo rural sostenible. Estas medidas se agrupan por tipos de materias. En primer lugar, se toman en consideración las medidas de fomento de la diversificación económica. Las medidas de creación y mantenimiento del empleo prevén actuaciones públicas de apoyo y formación, especialmente para las mujeres y los jóvenes y en las zonas rurales prioritarias. Una atención especial merecen las medidas a favor de promover la producción y el uso de energías renovables, y su relación con la adaptación de actividades y usos a los efectos del cambio climático. Las medidas relativas al acceso de la población rural a unos servicios públicos básicos de calidad contemplan la educación y la cultura, a través de la atención específica a una gran variedad de aspectos en relación con los alumnos y los centros, pero también con el mantenimiento de unos equipamientos y una oferta cultural suficientes. Se prevén medidas para propiciar que los empleados públicos, preferentemente los docentes y sanitarios, se estabilicen en el medio rural. Por último, las medidas se dirigen a hacer compatible el desarrollo urbanístico con el mantenimiento del medio ambiente rural, a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes, y a favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico rural. El Título II, Financiación de las Medidas para el Desarrollo Rural Sostenible. Finalmente, el Título III, Disposiciones Organizativas, establece varios instrumentos necesarios para la aplicación de la Ley. Esta es una Ley de fomento de un desarrollo sostenible del medio rural, que persigue promover acciones públicas e incentivar iniciativas privadas de desarrollo rural para el logro simultáneo de objetivos económicos, sociales y medioambientales. 4. LEY ORGÁNICA 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. En este marco, esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Su misión es lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra. Dad un mismo formato a todo el texto Destacad aspectos más interesantes de cada Ley (resaltar en negrita), algo que luego os ayudará a la hora de hacer la presentación Sería interesante que en cada Ley utilizarais un patrón diferente al que aparece en la Ley -> En vez de poner “Preámbulo” y luego todo el texto, intentad identificar aspectos generales en ese preámbulo, como la estructura de la Ley, los objetivos de la misma, el ámbito de aplicación…

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